Javier N. Pro

Un atentado a la democracia

La reforma para ampliar el mandato de Jaime Bonilla en Baja California de manera posterior al momento de las elecciones, recién validada el día de ayer, es el atropello más grande que ha sufrido la democracia mexicana en 30 años.

Claramente Inconstitucional por jurisprudencia (170650) expresa de la Suprema Corte de Justicia, testimonios aseguran que hubo sobornos de hasta un millón de dólares para que los legisladores de todos los partidos aprobaran dicha reforma, lo cual explicaría que aquella Legislatura de mayoría priísta y panista hubiese favorecido de tal manera a un gobernador de Morena.

Lo que es claro es que los bajacalifornianos el día de las elecciones votaron por un gobernador de dos años, que era lo que en ese momento marcaba la Constitución, por lo cual nadie merece gobernar por más de este plazo; ni siquiera Jaime Bonilla quien de esta manera pretende colocarse por encima de la voluntad popular de todos los ciudadanos que votaron por él en las urnas, traicionándolos de la manera más ambiciosa y antidemocrática posible.

El partido Morena, al igual que cualquier otro que estuviera en la misma situación, si tuviera aunque sea un nivel mínimo de valores democráticos, no solo estaría iniciando de inmediato un proceso interno para expulsar a este individuo de su partido, condenando públicamente los hechos y promover las acciones correspondientes para impugnar esta reforma ante la Suprema Corte, sino que estaría presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda para que investigue el enriquecimiento ilícito de los presuntos sobornados.

Comparativamente, ni siquiera el PRI en su peor época orquestó una vileza como extender la duración de una gubernatura después del día de las elecciones sin mediar justificante para ello.

Pero el problema no es el escenario inmediato, sino el precedente que implicaría una reforma de este talante. Imagínense que al gobernador del estado en donde usted vive se le hagan poco los seis años de mandato que le corresponden y decide sobornar a los diputados con millones para que le aprueben tres años adicionales. Imagínese que se le ocurra eso a algún Presidente que tenga mayoría en el Congreso de la Unión y decida hacer lo mismo, o incluso reformar la Constitución para revivir la posibilidad de reelegirse. Ese es el precedente que se está dejando.

El precedente es tan peligroso, que si ninguna de nuestras instituciones, ya sea la Suprema Corte al resolver las impugnaciones interpuestas al respecto, o el Congreso de la Unión siguiendo la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo sobre desaparecer los poderes en dicha entidad para restituir el orden, echan abajo la reforma ampliatoria, simple y sencillamente no se podrá seguir considerando a México como una democracia.

Ya la dirigente del PRI y el dirigente del PAN han declarado que impugnarán esta reforma y la condenaron públicamente. ¿Qué les falta a Morena y Yeidckol para actuar? No querrán pasar a la historia como los responsables de liquidar la democracia, ¿o sí?

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